sábado, 5 de febrero de 2011

Ministerio Público realizó reunión con 1.678 afectados por estafas inmobiliarias en 21 estados del país

(Caracas, 04 de febrero de 2011) El Ministerio Público (MP) se reunió con 1.678 afectados por presuntas estafas ejecutadas por más de 110 empresas inmobiliarias en el país, a fin de dar a conocer los avances de las investigaciones que desarrolla esta Institución en esa materia.

Durante los encuentros, efectuados por instrucciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, los fiscales superiores de 21 estados informaron a los asistentes que se han solicitado medidas de prohibición de salida del país contra directivos de varias empresas constructoras y promotoras inmobiliarias.

Asimismo, le indicaron a los presentes sobre las solicitudes efectuadas ante los tribunales de cada jurisdicción el bloqueo de las cuentas personales y de las empresas, además, de la prohibición de enajenar y gravar bienes.

De igual manera, se les notificó de las acciones orientadas a facilitar a las víctimas un mayor acceso a la justicia, a través de la implementación desde el año 2009, del Plan contra el Fraude, la Estafa y la Usura (FEU), el cual consiste en investigar casos vinculados con irregularidades en la comercialización de desarrollos habitacionales.

En la reunión los fiscales superiores respondieron las inquietudes de los asistentes, quienes expresaron su confianza en las actuaciones que llevan a cabo los distintos despachos fiscales.

También se propuso transmitir dicha información a otros afectados, para que acudan a denunciar ante el MP y se inicien las investigaciones correspondientes.

Vale recordar, que el próximo lunes 7 de febrero la Fiscal General se reunirá con los afectados por estafas inmobiliarias, en el auditorio sede del Despacho, ubicado en la avenida México, a fin de explicar y orientar a todas las personas que se consideren víctimas de estos casos e informar sobre las investigaciones que se adelantan.

Es importante destacar, que el MP continuará trabajando en conjunto con otras Instituciones del Estado, con el fin de garantizar los derechos de los afectados.

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